Características del modelo de financiación autonómica

Estos principios comunes no determinan la existencia de un único modelo. Por el contrario, el reconocimiento de los derechos históricos por la Constitución (Disposición Adicional Primera) se traduce en un sistema de Convenio y Concierto aplicables exclusivamente a los territorios forales de Navarra y el País Vasco, mientras que el resto de las Comunidades se rige por el régimen común, cuyas bases quedan establecidas en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

Régimen foral

• Navarra tienen la potestad de mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, el régimen tributario, atendiendo a la estructura general impositiva del Estado y a las normas de coordinación establecidas. De este modo, le corresponden: la exacción, gestión, liquidación, recaudación e inspección de todos los impuestos, que se denominan tributos concertados, a excepción de los derechos de importación y los gravámenes a la importación en los Impuestos Especiales y en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
  
  
• La potestad normativa sobre los citados tributos concertados de las administraciones que los recaudan está limitada en el propio convenio por las normas y principios de armonización fiscal y colaboración con el Estado, que se establecen con carácter general y para cada tributo.
  
  
• Navarra contribuye a la financiación de las cargas generales del Estado no asumidas, a través de una cantidad denominada "aportación".

La metodología seguida para determinar la aportación de Navarra al sostenimiento de las cargas generales del Estado es similar a la establecida para el País Vasco y se basa en dos reglas básicas:

• Cada 5 años se fija la contribución de Navarra al Estado, determinada en función del importe, en ese año base, de los gastos del Estado correspondientes a los servicios generales y de un índice de imputación, del 1,6%, que refleja la capacidad de la Comunidad Autónoma para soportar los mismos, según su renta relativa en el conjunto de España.
  
  
• En los restantes años del quinquenio, la aportación se determina en función de la fijada para el año base actualizada por un índice que refleja el incremento de la recaudación estatal por tributos convenidos.
  

Régimen común

• Para la determinación de la cobertura de las necesidades de gasto de las competencias comunes se emplean tres fondos:  
  
  
  • Fondo general, por importe de la liquidación definitiva en términos de homogeneidad competencial del año 1999, que se fija como año base, con inclusión del coste de los servicios transferidos con posterioridad a 1999, distribuido proporcionalmente en función a la población (94 %), superficie (4,2%), dispersión (1,2%) e insularidad (0,6%).
  
  
  • Fondo destinado a paliar la baja densidad de población, con 48 millones de euros.
  
  
  • Fondo de renta relativa, dotado con 150,25 millones de euros y destinado a favorecer a aquellas regiones de menor riqueza relativa.
  
  
  • Existen modulaciones incorporadas a este bloque, así como una garantía de mínimos (en el caso de los dos primeros fondos).

• El bloque de competencias de gestión de los servicios sanitarios de la Seguridad Social, con la restricción inicial de la liquidación del INSALUD de 1999, se distribuye entre las Comunidades Autónomas en función de la población protegida en las mismas (75%), la población mayor de 65 años  (24,5%) y la insularidad (0,5%). Se incluyen en este apartado Fondos específicos, como el Fondo “Programa de Ahorro de Incapacidad temporal” (se distribuye en función de la variable ”población protegida”) y el Fondo de Atención a Desplazados.
  
  
• Para cuantificar las necesidades derivadas de la gestión de los servicios sociales se parte de la liquidación definitiva del gasto en servicios sociales en 1999, considerada como la restricción inicial, repartiéndose entre las Comunidades Autónomas según proporción de población mayor de 65 años.

1. En materia de educación, número de alumnos de enseñanza obligatoria de la Comunidad Autónoma respecto al total nacional.
   
   
   
2. En materia de sanidad, población protegida de la Comunidad Autónoma respecto al total nacional.

1. Tasas afectas a los servicios traspasados.
   
   
2. Tributos cedidos (Sucesiones y Donaciones; Patrimonio; Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, Impuesto Especial sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y sobe el Juego) sobre los que se incrementa la capacidad normativa.
   
   
3. Tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (33%), con competencias normativas en materia de tarifa y deducciones.
   
   
4. Cesión parcial del 35% de la recaudación líquida por IVA en sus territorios y del 40% por Impuestos Especiales (de fabricación de Cerveza, Vino y bebidas fermentadas, Alcohol y bebidas derivadas, Hidrocarburos y Labores del Tabaco).
   
   
5. El 100% de la recaudación líquida territorial debida al Impuestos sobre la Electricidad.
   
   
6. Finalmente, se establece un Fondo de Suficiencia como mecanismo de cierre del sistema de financiación, concebido como diferencia entre las necesidades de gasto de cada Comunidad Autónoma y de su capacidad fiscal. Su evolución interanual se efectuará según lo hagan los ingresos impositivos estatales no susceptibles de cesión.

1. La financiación de cada Comunidad Autónoma estará constituida por el valor definitivo, correspondiente a cada año, de los recursos del Sistema de Financiación que le sean aplicables, teniendo en cuenta algunos de los aspectos, ya comentados, que pueden ubicarse dentro del ajuste dinámico del Sistema:
   
   
   1. En cuanto a la necesidades de financiación por la parte del “bloque de competencias comunes”, hay que recordar la existencia de una “Garantía de mínimos” (si alguna Comunidad recibiera menos recursos que los establecidos en la restricción inicial, la que se estableció en 1999, se le dará una dotación suplementaria para mantener el “statu quo” anterior), así como una serie de “reglas de modulación” a las tasas de crecimiento de las necesidades financieras atribuidas a cada Comunidad, de manera que ninguna Comunidad podrá superar respecto a su restricción inicial el 75% de la tasa media de crecimiento de las Comunidades Autónomas, con una serie de salvedades.
      
      
      
   2. En cuanto a la necesidades de financiación por la parte del “bloque de competencias sanitarias”, se prevé que, durante los primeros tres años, el índice de evolución de los recursos tendrá el mismo índice de evolución del PIB nominal a precios de mercado. Las Comunidades destinan a la sanidad, excluida la parte correspondiente al Programa de Ahorro en Incapacidad Temporal, como mínimo, la cantidad establecida en 1999 incrementada en una cuantía igual a la que se incrementan los Ingresos Tributarios del Estado (ITEn).
      
      
      
   3. En cuanto a la necesidades de financiación por la parte del “bloque de competencias sociales”, se prevé que si alguna Comunidad recibiera menos recursos que los establecidos en la restricción inicial, la que se estableció en 1999, se le dará una dotación suplementaria para mantener el “statu quo” anterior.
      
   
   
2. Desde el de 1 de enero de 2002 y, en relación con los recursos por IRPF, IVA, Impuestos Especiales y Fondo de Suficiencia, las Comunidades reciben cada año, la financiación correspondiente a las entregas a cuenta de cada uno de los citados recursos que les sean de aplicación y, en el año en que se conozcan todos los valores definitivos de los citados recursos, la liquidación definitiva que corresponda, por diferencia entre el importe de las entregas a cuenta percibidas y los valores definitivos de los mismos.